Era cuestión de tiempo que volviera a saltar a la palestra la posible incompatibilidad, respecto a la normativa comunitaria, del sistema de financiación de la televisión pública española (RTVE). Parece ser que los argumentos esgrimidos por el ejecutivo español no han convencido en la principal sede administrativa de la Unión Europea  y el pasado lunes la Comisión Europea decidió llevar a España (también a Francia), ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a la tasa que el Gobierno español ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones tras la supresión de la publicidad en RTVE.

Fue el pasado 14 de marzo cuando, en relación con la Agenda Digital Europea, la Comisión Europea emitió un comunicado de prensa, en el cual informaba que España seguía imponiendo tasas específicas sobre el volumen de negocios de los operadores de telecomunicaciones, lo cual infringe el Derecho de la Unión Europea. De manera acertada o no, la Comisión considera que estos “impuestos sobre las telecomunicaciones” son incompatibles con las normas de comunitarias en materia de telecomunicaciones (las tasas cobradas a los operadores de telecomunicaciones deben estar directamente relacionadas con la cobertura de los costes del regulador de dicho sector).

Todo este debate encuentra su prólogo en España cuando el 1 de septiembre de 2009 entró en vigor la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. Dicha Ley impuso una tasa del 0,9% sobre los ingresos brutos de los operadores de telecomunicaciones (aparte de otras tasas sobre el espectro radioeléctrico o el 3% de los ingresos a las televisiones privadas y a del 1,5% a las televisiones de pago) para compensar la pérdida de ingresos procedentes de la publicidad sufrida por dicho ente. En 2010 se llevaron a cabo los primeros pagos ante la CMT por los operadores de telecomunicaciones y se previó recaudar unos 230 millones de euros.

Tras la polémica suscitada por el modelo de financiación, el pasado julio, la Comisión Europea declaró el nuevo régimen de financiación del Ente público de televisión en España compatible con las normas sobre ayudas estatales, con un inciso importante: el nuevo modelo de financiación quedaba supeditado a su compatibilidad con las normas de la Unión Europea en materia de telecomunicaciones y, especialmente, con la Directiva Autorización.

Cabe recordar que, varios meses después (en Octubre de 2010), Bruselas exigió a España la supresión de las tasas específicas a los operadores de telecomunicaciones para sufragar el gasto de poner fin a la publicidad de pago en los canales de televisión públicos.

Por parte de la Comisión, la postura es suficientemente clara, y opina que las tasas impuestas por Francia y España son totalmente incompatibles con las normas comunitarias en materia de telecomunicaciones. De conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (la ya referida Directiva Autorización), en adelante se pueden imponer tasas a los operadores de telecomunicaciones únicamente para sufragar determinados costes administrativos y de regulación. Además, dichas tasas deberán ser objetivas, transparentes y proporcionadas, tal y como se desprende del propio artículo.

Los operadores de telecomunicaciones “afectados” por dicha tasa, han reiterado en varias ocasiones que ellos seguirán pagándola para financiar la supresión de publicidad de Televisión Española mientras la normativa siga vigente. Por tanto, a este colectivo no le sorprende la noticia publicada por Bruselas el pasado 14 de marzo, ya que han manifestado en varias ocasiones que esta imposición es contraria a la legislación europea, así como inconstitucional. No obstante, siguen recalcando que seguirán cumpliento de manera minuciosa y escrupulosa la ley hasta que no se decida otra cosa por parte del Tribuanl de Justicia de la Unión Europea.

Ahora mismo la “patata caliente” está en manos del ejecutivo español, y deberá defender ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el modelo de financiación de RTVE, ya que el gobierno considera que el sistema aprobado en 2009 es totalmente “compatible” con la normativa comunitaria. Por tanto, el papel que va a soportar a partir de este momento la Abogacía del Estado va a ser fundamental de cara a argumentar la compatibilidad de la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones ante el Tribuanl de Luxemburgo.

El Gobierno subraya que la desaparición de la publicidad en TVE ha tenido una gran aceptación por parte de la ciudadanía española y espera, como ha sucedido recientemente en la Sentencia C-85/10 sobre materia audiovisual (canon del espectro), que el Tribunal de Justicia reconozca la autonomía fiscal de España y declare la compatibilidad del gravamen con el derecho comunitario.

La noticia sobre la posible incompatibilidad de la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones no hace más que aumentar el estado de incertidumbre que rodea a la propia cadena. A lo largo de esta semana se ha hablado de una posible venta de los derechos sobre los campeonatos de Motociclismo a Telecinco, noticia que de momento ha recibido la negativa del Consejo de Administración de RTVE.

Sea cual sea el futuro de la financiación de RTVE en nuestro país, es discutible que la mayoría de los españoles deban sufragar el déficit que la cadena lleva arrastrando desde hace varios años, porque cabe recordar que casi la mitad del presupuesto de dicho ente público va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Cabe recalcar que existen otros modelos de financiación de las televisiones públicas europeas que son igualmente válidos y aceptados por los ciudadanos de dichos países.