Tras numerosos meses de debate, la Ley de Economía Sostenible con la que el Gobierno pretende modernizar la economía española y acelerar el cambio del modelo productivo del país ha entrado en vigor hoy día 6 de Marzo de 2011, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El texto, que tiene 114 artículos, 15 disposiciones adicionales, 10 transitorias y 60 disposiciones finales, fue definitivamente aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 15 de febrero, casi un año después de que llegara por primera vez a la Cámara Baja.

La Ley incluye la disposición adicional conocida como ‘Ley Sinde’ para luchar contra las descargas ilegales de contenidos en internet, que contempla el bloqueo o cierre en un máximo de diez días de páginas webs desde las que se puedan descargar obras protegidas por derechos de autor, así como la creación de una Comisión administrativa -con funciones de mediación y arbitraje- para dirimir este tipo de conflictos, siempre a partir de denuncias particulares.

El problema que mucha gente se plantea es: ¿será eficaz dicha «ley sinde»? ¿se cumplirán los plazos? ¿abandonará la gente la via jurisdiccional para acogerse a la ley de economía sostenible?, y así muchas más que se me ocurren.

Tras la publicación del texto en el BOE, se procederá al desarrollo del reglamento de la ‘Ley Sinde’ y a la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual, por lo que no entrará en vigor en torno al próximo verano.

Además, la ley incorpora una enmienda de CiU y PNV pactada con el resto de grupos del Senado que abre la puerta a que las centrales nucleares puedan seguir operando más allá de 40 años si sus titulares así lo solicitan, teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y la evolución de la demanda y la tecnología.

Otros factores a tener en cuenta serán la evolución de la demanda, el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero, y el marco de referencia establecido por la normativa europea vigente.

También se incluye una enmiendas socialista para que el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares también pague la tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radioactivos generados, de igual forma que ya lo hacen las centrales nucleares.

En paralelo, el texto eleva de 25 a 30 el número de años con derecho a prima, y aunque no reducir el recorte del 30% en las horas con retribución durante los próximos tres años para las instalaciones reguladas en el real decreto 661/2007.

No obstante, sí se garantiza que en el futuro no puedan realizarse nuevos recortes en el número de horas con derecho a prima, y se facilita el acceso de los productores fotovoltaicos a líneas del ICO para afrontar los efectos del recorte.